Para entender la Educación Concertada hay que conocer su recorrido histórico:

Expansión de las escuelas primarias del Estado

La República siempre estuvo convencida de que el atraso español se podía superar con un Sistema Educativo adecuado. El gobierno de Azaña culpabilizó de aquél a los métodos llevados a cabo por el profesorado religioso y se centró en su sustitución por partidarios de los nuevos planteamientos, intentado erradicar la presencia social de la Iglesia. Se pretenderá establecer un sistema educativo unificado aplicando nuevos valores. Este nuevo modelo provocará tensiones políticas, tensiones en la sociedad y en el interior del propio magisterio, teniendo enfrente a los sectores más reaccionarios y conservadores. El establecimiento de la escuela laica (con supresión de la enseñanza de la religión y reconocimiento de la libertad religiosa) encontrará una fuerte oposición entre los sectores citados. Introducir la coeducación (niños y niñas en una misma clase) no resultaría tarea fácil. En las zonas rurales la incidencia de las nuevas corrientes llegaría a ser mínima. La fuerte presencia del sentimiento religioso marcaría ciertamente las pautas del comportamiento general. El anticlericalismo oficial cristalizaría en el decreto de 1932, que disolvía la Compañía de Jesús, y en la Ley de Congregaciones Religiosas, que, un año después, limitaba el ejercicio del culto católico, secularizaba los bienes eclesiásticos y expulsaba de la docencia a los regulares.

El enfrentamiento laico-religioso tomó como campo de batalla la política educativa y la república proyectó la generalización de la enseñanza pública para liquidar así el monopolio de la Iglesia, aunque no lo permitirían ni el tiempo ni el dinero.

Los postulados de la República también incluían la difícil tarea de reformar el ejército, considerado enemigo, y a cuya díscola cúpula intentó arrinconar social e ideológicamente para eliminar sus tendencias desestabilizadoras. La figura de Azaña aglutinó en torno a sí el supuesto origen de los males y desprestigio del ejército. Los militares africanistas, única fuerza real de choque, aguardaron su momento para desquitarse de los órdagos que creían que la República les lanzaba en sus envites. Paralelamente, los movimientos campesinos se radicalizaron al ver abortadas las esperanzas depositadas en la Ley de Bases de la Reforma Agraria, por la que se pretendía una más justa distribución de la propiedad de la tierra. La mayor urgencia social de la República se centró en dicha reforma para atender las demandas de miles de jornaleros extremeños y andaluces que vivían de trabajos estacionales, mal remunerados y en precarias condiciones, en los grandes latifundios de una aristocracia generalmente ausente.

Respecto a la escuela republicana, podemos establecer dos fases claramente diferenciadas: época de paz y tiempos de guerra. La primera, centrada en combatir el caballo de batalla del analfabetismo y preocupada por el definitivo asentamiento de la pluralidad. En la época de paz, a su vez, se podrían fijar diferentes periodos en función del signo político de los gobiernos que se fueron sucediendo. La segunda, en época de guerra, se podría caracterizar por su marcado contenido proselitista y consignatario.

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Frente a la escuela laica promovida por el ideario republicano, el otro gran eje vertebrador de la escuela en España eran las instituciones religiosas, entre ellas Las Escuelas del Ave María, que editaban los llamados Manuales Majón. (…)

El gobierno republicano había considerado desde el inicio un objetivo prioritario la expansión de las escuelas primarias del Estado. En 1931 las estimaciones sobre el analfabetismo oscilaban entre el 30 y el 50 por ciento de la población. Las cifras de los niños escolarizados o los grados por aquéllos superados no eran fiables. Cifras que parecen ciertas son las siguientes: existían unas 35.000 escuelas atendidas por 36.680 maestros y maestras. La estructura escolar de aquella España, mayoritariamente rural, se basaba en escuelas de aula única, con unos 50 alumnos atendidos por un solo maestro o maestra. Tomando como base los datos anteriores se estimó que las escuelas existentes acogían de un millón y medio a dos millones de niños. Se precisaba, por tanto, la construcción de otras 27.000 escuelas para atender al millón o millón y medio de niños no escolarizados.

En los primeros diez meses de la República se construyeron 7.000 escuelas, incrementándose esa cifra hasta 9.600 escuelas construidas el primer año. La necesidad de profesorado se cubrió con la organización de cursillos para aquellos que estuvieran en posesión del título de maestro, pero que trabajaban en otros servicios del gobierno. Unas 15.000 personas se inscribieron en dichos cursillos aquel primer año. El incremento de sueldos entre 1931 y 1933 convirtió al magisterio en una carrera atractiva.

La lucha laico-religiosa también incidió directamente en el programa de construcciones escolares. Los estudiantes de instituciones religiosas se cifraron en 350.000, por lo que el gobierno republicano proyectó la construcción del número de escuelas suficientes para sustituir a las que estaban regidas por órdenes religiosas. En muchas zonas rurales y en algunas ciudades, las familias se opusieron a los planes del gobierno respecto a la coeducación y a la retirada de crucifijos de las clases. Algunos enviaron a sus hijos a la escuela con grandes cruces al cuello como medida de protesta. Los maestros y maestras de aquellos lugares estaban mal vistos si no asistían a misa y fueron objeto de cierto aislamiento social por dicho motivo.

Fruto de las cinco décadas anteriores, la enseñanza secundaria había llegado a consolidarse como actividad principal de las órdenes religiosas. En 1933 regían 259 escuelas secundarias, con 2.050 maestros, entre ellos 1.150 titulados universitarios. Estos colegios gozaban de gran prestigio entre las familias con recursos por ser el primer escalón de futuras relaciones profesionales y de negocios. Con independencia de las ideas religiosas de los padres, una situación económica holgada llevaba aparejada la aspiración de matricular a los hijos en una afamada escuela religiosa.

Se ordenó que las escuelas secundarias religiosas cerraran para primeros de octubre de 1933 y, para principios de 1934, se ordenó lo propio con las escuelas primarias.

El nombramiento de Gomá y Tomás como arzobispo de Toledo pretendía desbloquear las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno, enturbiadas tras sucesivos roces con el anterior titular del arzobispado, cardenal Segura. En la carta pastoral de julio de 1933 publicada por Gomá, se hacía puntual réplica a la Ley de Congregaciones. En ella defendía firmemente el deber de los padres católicos de escolarizar a sus hijos en las escuelas católicas.

Durante aquel mismo verano de 1933, la República puso en marcha las llamadas Misiones Pedagógicas. Se pretendía acercar la cultura a los pueblos aislados. Profesores y estudiantes, principalmente de la Universidad de Madrid, llevaban medicamentos y libros, representaban obras de teatro clásicas, proyectaban películas y, con la cooperación de los aldeanos, construían escuelas. El recibimiento de las Misiones fue desigual, muchas veces dependiendo de la actitud que tomara el párroco local frente a las mismas.

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a la derecha. Alejandro Lerroux formaría nuevo gobierno. La Ley de Congregaciones fue ignorada y las escuelas de la Iglesia funcionaron con normalidad. La cuestión escolar siguió centrando los debates parlamentarios de las Cortes. A lo largo de 1934, siendo ministro de Instrucción Pública Filiberto Villalobos, se continuó la construcción de escuelas, aunque con un presupuesto menor que durante el periodo 1931-33, y se afrontó el problema del alojamiento de los maestros, ofreciendo un subsidio de 3.000 pesetas a los pueblos que construyeran una vivienda para albergarlos. Durante 1935, por falta de presupuesto, se suspendió la construcción de escuelas y se redujeron considerablemente los presupuestos de todas aquellas instituciones que estaban relacionadas con las actividades de la Institución Libre de Enseñanza. También fueron devueltas las propiedades confiscadas a los jesuitas y se fijó el pago de una indemnización a la Compañía de Jesús.

En febrero de 1936 ganan las elecciones los partidos de izquierda agrupados en el llamado Frente Popular, coalición que pactó un programa de mínimos para el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio republicano, una más rápida reforma agraria y una amnistía para los presos políticos (sobre todo los relacionados con los sangrientos episodios de la revolución de octubre de 1934, en Asturias). Manuel Azaña sería presidente del gobierno y presidente de la Republica, sucesivamente.

Cuando se comparan las elecciones de 1933 con las de 1936, se advierte una tendencia hacia el bipartidismo. Para la mayoría de votantes, que no eran socialistas revolucionarios ni fascistas, las elecciones suponían una pugna entre la derecha parlamentaria (centrada en la figura de Gil Robles) y la izquierda parlamentaria (centrada en la figura de Azaña). No obstante, el ala revolucionaria del Frente Popular, los reaccionarios monárquicos, los grupos juveniles violentos de ambos signos y los militares impidieron el normal funcionamiento de un gobierno parlamentario. De una elección a otra hay pocos cambios significativos en la fuerza relativa de derechas e izquierdas. Ni las izquierdas en 1933 ni las derechas en 1936 aceptaron que una pequeña diferencia de votos diera a sus rivales una gran diferencia de escaños, en un sistema electoral basado en que el partido o coalición que obtenía más del 50 por ciento de los votos de un distrito se hacía con el 80 por ciento de los escaños.

A lo largo del primer semestre de 1936 el orden público se degrada peligrosamente y se desencadenan repetidas huelgas, promovidas por los sectores revolucionarios de la izquierda. La Falange, por su parte, se especializa en la violencia callejera. Mueren el teniente Castillo, de la Guardia de Asalto e instructor de las juventudes socialistas y José Calvo Sotelo, líder de la derecha parlamentaria. Los generales levantiscos se convencen de que ha llegado su hora.

El 17 de julio de 1936 la guarnición de Melilla se subleva y declara el estado de Guerra en Marruecos. Se pone en funcionamiento el imprevisible mecanismo que iba a llevar a España a su más brutal enfrentamiento.

Comparada con las guerras anteriores en España, la de 1936 supuso un gran salto respecto a los recursos movilizados y al potencial destructivo del arsenal bélico utilizado. Fue una guerra total en la se bombardeó por primera vez la población civil. Desde el punto de vista industrial, los efectos sobre la estructura económica fueron devastadores. La sangría demográfica no tenía precedentes en las guerras civiles de ningún país europeo. Como el golpe militar no triunfó totalmente en los inicios, el país quedó irremediablemente dividido.

13. JACKSON, G. La República Española y la Guerra Civil. 1965. Ed. RBA. Barcelona. Edición 2005
14. Según los discursos ante las Cortes del ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos, publicados en el diario El Sol (marzo y diciembre de 1932).
15. JACKSON, G. Op.cit. p. 74
16. JACKSON, G. Op. cit. pp. 108 y ss.
17. JACKSON, G. Op.cit., pp. 181 y 452

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