Para entender la Educación Concertada hay que conocer su recorrido histórico:

Ley de Instrucción Pública de 1857: gratuidad relativa, centralización, jerarquización y uniformidad

En 1857, durante el reinado de Isabel II, siendo Ministro de Fomento Claudio Moyano Samaniego, se plasmaron en una ley las aspiraciones del sistema educativo liberal, que a la postre serviría para normalizar durante más de un siglo el ordenamiento general de la educación en España. Algunos de los artículos de aquella Ley de Instrucción Pública (9 de septiembre de 1857) son:

Artículo 2º La primera enseñanza comprende:

Primero. Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, acomodadas a los niños.
Segundo. Lectura.
Tercero. Escritura.
Cuarto. Principios de gramática castellana, con ejercicios de ortografía.
Quinto. Principios de aritmética con el sistema legal de medidas, pesas y monedas.
Sexto. Breves nociones de agricultura, industria y comercio, según las localidades.

Artículo 4º La primera enseñanza superior abraza además de una prudente ampliación de las materias comprendidas en el Art. 2º
Primero. Principios de geometría, de dibujo lineal y de agrimensura.
Segundo. Rudimentos de historia y geografía, especialmente de España.
Tercero. Nociones generales de física y de historia natural acomodadas a las necesidades más comunes de la vida.

Artículo 5º En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirán los estudios de que tratan el párrafo sexto del artículo 2º y los párrafos primero y tercero del artículo 4º, reemplazándose con:
Primero. Labores propias del sexo.
Segundo. Elementos de dibujo aplicado a las mismas labores.
Tercero. Ligeras nociones de higiene doméstica.

Artículo 7º La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres y tutores o encargados enviarán a las Escuelas públicas a sus hijos o pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o establecimiento particular.

Artículo 8º Los que no cumplieren este deber, habiendo escuela en el pueblo o a distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y compelidos por la autoridad y castigados en su caso con la multa de hasta 20 reales.

Artículo 9º La primera enseñanza elemental se dará gratuitamente en las escuelas públicas a los niños cuyos padres, tutores o encargados no puedan pagarla, mediante certificación expedida al efecto por el respectivo cura párroco y visada por el Alcalde del pueblo.

Cuando los progresistas llegan al poder en 1854 ya era evidente la necesidad de proceder a normalizar la enseñanza mediante una ley específica. Progresistas y moderados coinciden en asumir los aspectos básicos del sistema educativo liberal, como demuestra la inclusión de gran parte del Proyecto de Ley de Instrucción Pública de 1855, del Ministro de Fomento Alonso Martínez (durante el bienio progresista), en la Ley de Instrucción Pública de 1857, del moderado Claudio Moyano. La ley Moyano no fue, por tanto, una ley innovadora, sino una norma que consagró un sistema educativo que ya había sentado sus bases fundamentales en el Reglamento de 1821, en el Plan del Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal de 1845.

Según se desprende del articulado de la Ley Moyano, la instrucción primaria asumió el criterio tradicional de la existencia de dos etapas de enseñanza –elemental y superior– y estableció el principio de gratuidad relativa para aquellos que no pudieran pagarla –casi todos– y la obligatoriedad hasta los nueve años de edad (¡!).
La Ley de Bases de julio de 1857, por la que se autorizaba al gobierno a promulgar la Ley de Instrucción Pública, establecía que la primera enseñanza podía adquirirse en las escuelas públicas y privadas de primeras letras y en el hogar doméstico. La ley determinaría qué partes o materias de este periodo de instrucción podrían cursarse en el hogar doméstico y con qué formalidades adquirirían carácter académico.. Con la tasa de analfabetismo anteriormente expresada, la posibilidad de recibir la primera enseñanza en el hogar parece ser una broma de mal gusto. Se consagraban por ley las figuras de las institutrices y preceptores que las familias bienestantes contrataban para enseñar a sus hijos.

La citada ley de Bases establecía también la financiación de los establecimientos de Instrucción Pública: sufragar la primera enseñanza correspondía a los municipios, la segunda enseñanza y las Escuelas Normales corrían a cargo de las Diputaciones Provinciales, el Estado asumía las Universidades y las Escuelas Profesionales Superiores y auxiliaba, vía presupuestaria, a aquellos pueblos que no pudieran costear por sí mismos la instrucción primaria.

La Ley Moyano vino, por tanto, a dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Bases y con ella se implantaron definitivamente los grandes principios del moderantismo histórico: gratuidad relativa, centralización, jerarquización y uniformidad.

Los requisitos para poder ejercer la enseñanza privada tenían carácter gradual: en la Instrucción Primaria, bastaba tener veinte años y el título de maestro. En la Enseñanza Secundaria, el profesorado debía tener la titulación adecuada, depositar una fianza y proclamar el sometimiento del reglamento interno del establecimiento a las disposiciones gubernamentales. La validez oficial de los estudios allí cursados se concedía si la titulación del profesorado de estos centros era igual que la de los institutos públicos –catedráticos– y los alumnos debían someterse al examen anual en los institutos a que estaban adscritos los colegios de titularidad privada.

Los requisitos que fijaba la Ley Moyano para abrir un centro privado tuvieron, sin embargo, una excepción singular, consecuencia del Concordato con la Iglesia Católica, firmado en 1851. El artículo 153 de la citada ley, establecía:

Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir escuelas y colegios de primera y segunda enseñanza a los Institutos Religiosos de ambos sexos legalmente establecidos en España, cuyo objeto sea la enseñanza pública, dispensando a sus Jefes y Profesores del título y fianza que exige el artículo 150

Se reconocía también el derecho de la Iglesia a velar por la pureza de la doctrina, de la fe y de las costumbres y a vigilar la educación religiosa en los estudios que se impartían, ampliando así su presencia hasta las aulas universitarias.

La Enseñanza Secundaria se dirigió a las clases medias. Los contenidos se hallaban a medio camino entre la antigua universidad y los estudios de los liceos franceses. Dentro de los ambiciosos planes uniformadores y centralizadores, los moderados fortalecieron la estructural piramidal del sistema, colocando en la cima la Universidad Central de Madrid, que sería la única facultada para otorgar títulos.

La falta de dinero, como siempre, retardó la aplicación de los principios incluidos en la Ley. El 80% del presupuesto se consumía en los gastos salariales universitarios. Es difícil encontrar en la Historia de España momentos en que una ley de calado y su aplicación real hayan ido a la par.

La formación escolar básica y generalizada se empezaba a considerar necesaria, pero más por imitación de las corrientes europeas que por convencimiento auténtico de nuestra clase política.

El agitado siglo XIX, donde los pronunciamientos militares eran correa de transmisión del enfrentamiento político, fue tan convulso que es inimaginable pensar que el mundo de la educación tuviera el sosiego necesario para avanzar como correspondía. Por otra parte, las maltrechas economías domésticas no dejaban margen para conceder prioridad a la formación académica de los hijos. Y esto se prolongaría mucho en el tiempo, al sufrir escasa evolución aquella España dividida en rentistas y braceros.

En 1860 España tenía quince millones y medio de habitantes. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la tasa media de crecimiento anual fue del 0.5 % , lo que representaba un ritmo muy lento en comparación con la Europa de la época. Ello se debió a que el atraso del país acarreaba consigo una muy alta tasa de mortalidad –el cólera de 1885 provocó 120.000 muertes–.

3. Alma Mater Hispalense. Universidad de Sevilla. www.personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano.htm
4. Página Web citada
5. GARCÍA DE CORTÁZAR, F. GONZÁLEZ VESGA, J.M. Breve Historia de España. p. 395. 1994. Alianza Editorial. Edición Circulo de Lectores
6. GARCÍA DE CORTÁZAR y GONZÁLEZ VESGA, op.cit.
7.
AVILÉS FARRÉ, J. Atlas histórico universal. 1995. Ed. El País-Aguilar.

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