Aval del Gobierno a la inmersión en Cataluña
Defiende su modelo de enseñanza y dice desconocer los informes de adoctrinamiento
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
El Gobierno da sus primeros pasos educativos poniendo líneas rojas a la escuela concertada y defendiendo el modelo de inmersión lingüística de Cataluña. La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, compareció ayer en el Congreso para desgranar un modelo que, en la práctica, supone desmontar esa parte de la Lomce que aún quedaba en pie y volver a la LOE socialista en muchas cuestiones, aunque también hay medidas que le reconcilian con el PP, como las evaluaciones de diagnóstico, que permitirán a los centros rendir cuentas en función de los resultados.
Para empezar, la portavoz del Gobierno anunció que quiere modificar el artículo 109.2 de la Lomce, que establece la oferta educativa en función de la llamada «demanda social». Esta expresión es la fórmula mágica que permite a los colegios financiados con fondos públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias y también blindarlas en caso de que las autonomías quieran reducirlas. Celaá pretende «quitar» de la Ley Wert esa «demanda social», según confirmaron fuentes de su equipo. «Es un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la pública sea subsidiaria de la concertada. La pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria», avisó Celaá.
El Gobierno sostiene que la Lomce ha permitido que algunas autonomías (Madrid, la Comunidad Valenciana) hayan cedido terrenos públicos para centros concertados, «un abuso que no se puede volver a repetir», al igual que «la existencia de cuotas que, aunque se llamen voluntarias, son un motivo de segregación para el alumnado», en palabras de Mari Luz Martínez Seijo (PSOE).
La medida le pone enfrente del 26% del alumnado español que estudia actualmente en la concertada. Los obispos y las patronales CECE y Escuelas Católicas expresaron su «preocupación» e «indignación» por un planteamiento que «ataca» y «contradice» el derecho a la libertad de enseñanza recogido en el artículo 27 de la Constitución. Por otro lado, Celaá abogó por construir una relación de «confianza» con Cataluña y defendió el modelo de inmersión lingüística vigente, pese a que en él se imparten sólo dos asignaturas en castellano en el mejor de los casos. La ministra dijo que los datos oficiales de la Selectividad «avalan que Cataluña cumple con la cooficialidad de las lenguas» porque «la competencia en Lengua Castellana del alumnado catalán equivale al de la media del Estado».
Además, dijo desconocer los informes encargados por el Gobierno del PP hace un año sobre el adoctrinamiento en los libros de texto. La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, tiene constancia de que esos informes están terminados y guardados en un cajón (uno de ellos es de julio de 2017 y otro de marzo de 2018), pero Celaá respondió que no los conoce, aunque prometió buscarlos y analizarlos. Respecto a los temas más educativos, la ministra anunció un cambio que el PP y Cs ven con buenos ojos y que puede mejorar la calidad. Quiere vincular la autonomía escolar a los resultados obtenidos y para ello va a recuperar las evaluaciones de diagnóstico de la LOE. No tendrán efectos académicos pero obligarán a los centros a hacer «planes de mejora» y a solicitar más medios en función de cómo lo hagan. Estas evaluaciones se harán en 4º de Primaria y 2º de la ESO y serán censales.
También suenan bien las propuestas para «modernizar» la FP (Celaá quiere «organizar de manera homogénea la regulación en todas las comunidades autónomas» de la FP dual «para evitar la desigualdad»), reducir el abandono temprano y facilitar la escolarización entre los 0 y los tres años. De la Lomce se quitarán los itinerarios a partir de los 13 años, la FP Básica y esa parte que limitaba la capacidad de actuación de padres, profesores y alumnos en los consejos escolares. «Aprender a aprender ha de ser el eje tranversal», dijo.
