Comienza en el Congreso la tramitación de la ‘ley Celaá’
A.Casañ.- Con todavía 141 nuevos casos de coronavirus contabilizados ayer en el país, en plena pandemia, sin consenso alguno con la comunidad educativa por atacar a la concertada, ningunear a la Religión y priorizar otras lenguas en detrimento del castellano, el Gobierno intenta sacar adelante la nueva ley de Educación, conocida también como «ley Celaá».
Las enmiendas presentadas por Partido Popular, VOX y Ciudadanos, formaciones políticas que no presentaron textos alternativos, fueron rechazadas por el voto en contra de 195 diputados, mientras la ministra la ministra justificó que no pasara nuevamente por el Consejo Escolar del Estado, «supremo órgano consultivo del Gobierno», definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado «no es preceptivo» y porque su anteproyecto «no habría sufrido modificaciones desde que el pasado 4 de marzo la llevara al Consejo de Ministros», sin actividad parlamentaria por el confinamiento.
Las «novedades» más importantes de la nueva ley comienzan con la supresión del artículo que permitía que la asignatura de Religión en Primaria, ESO y Bachillerato computara en la nota media del alumno. Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.
Religión, demanda social, comisarios políticos y el castellano
El nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con su documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España», establece que, como lo ha sido con la LOE y la LOMCE, la asignatura será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Este estatus se mantiene pero perderá, por primera vez, su alternativa. Esto implica que aquel alumno que decida no estudiar Religión no tendrá que elegir otra en su lugar, (asignatura espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa.
Además, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».
El apartado más preocupante se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados, en él que se menciona a un «representante del Ayuntamiento»«representante del Ayuntamiento». Escuelas Católicas señaló que, basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, que solo alude a garantizar plazas públicas, «el proyecto contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006».
El castellano queda en manos de los gobiernos autonómicos y de las diversa ideologías que los conforman. Sin ir más lejos, ayer mismo y tal como publica el diario Las Provincias, un miembro de la Coalición de Compromís, miembro además de la comisión organizadora del futuro congreso de la formación, el señor Ricard Chuliá, haciendo caso omiso a la sentencia del Supremo que confirma la anulación parcial de un decreto de la Generalitat que contempla usar el valenciano en la comunicación administrativa cuando las destinatarias sean autonomías «del mismo ámbito lingüístico» como Baleares y Cataluña y respondiendo al respecto a un tuit de la consellería de Educación que reflejaba un «bon día» reivindicativo, escribió como respuesta «Bon dia i Puta Espanya!».
En este sentido, el texto de la «ley Celaá» deja claro que corresponde a las «administraciones educativas aplicar los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice» que los alumnos de esta comunidad alcanzan la competencia «en el grado requerido» en lengua castellana «impulsando la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas».
