CONCIERTOS EN LA FP Una necesidad del mercado laboral

Las patronales de centros privados acogen con reservas la normativa de la Junta que permite estos acuerdos
Los criterios priorizan los ciclos de grado superior con alto porcentaje de empleabilidad

El proyecto de orden que regula la renovación de los conciertos educativos en Andalucía –y que los permite en Bachillerato y Formación Profesional (FP)– ha sido acogido favorablemente por las patronales más representativas de la enseñanza privada en la comunidad autónoma, aunque, eso sí, con bastante cautela ante las condiciones que establece el borrador para lograr dichos acuerdos, lo que hace prever que sean pocos los que se concedan en febrero de 2021.La Consejería de Educación abre la posibilidad de concertar el Bachillerato y la FP. Se trata de una iniciativa que ya estaba incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Cs que hizo posible el relevo tras 40 años de socialismo en la Junta. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha pasado al papel de una norma, o mejor dicho, del borrador de una orden que regulará la renovación de los conciertos educativos en Andalucía, proceso que tendrá lugar entre enero y febrero del próximo año. Este avance ha provocado en las últimas semanas un aluvión de críticas. Especialmente de la oposición política, que consideraqueconelcambioelGobiernoan-daluzdecoaliciónpersiguebene-ficiar económicamente a la enseñanza privada en unos tiempos en los que sus ingresos podrían verse mermados por la bajada de matriculaciones, provocada porlosefectosdelapandemiadelco-vid-19.Másalládelaconfrontaciónen-tre partidos, lo cierto es que esta medida responde a una realidad de la que no es ajena el departamento que dirige Javier Imbroda. La demanda en la FP se ha disparado, como constatan los últimos datos de matriculaciones. Una subida imparable que ha desbancado al propio Bachillerato. Sirva como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Córdoba, donde este cursos con 16.358 los alumnos que

Estudian ciclos formativos, frente a los11.828 que lo hacen en la etapa preuniversitaria. El cambio de tendencia se viene registrando desde hace un lustro y obedece a la situación del mercado laboral, en el que muchos universitarios, cuando se gradúan, trabajan en empleos por debajo de su cualificación o de-ben completar la formación con un máster y doctorado para desarrollar una labor acorde profesional y salarialmente, lo que a la postre supone mayor gasto económico y más años de estudio. La otra opción por la que se han decantado muchos sevillanos las últimas décadas es la de marcharse al extranjero para labrarse un futuro. La FP, sin embargo, se enfrenta aun panorama totalmente distinto. La demanda estudiantil de estos ciclos viene propiciada por la alta empleabilidad que tienen muchos de ellos–no todos–,gene-rada por el déficit de trabajadores de perfil técnico que han detectado los empresarios.

Por tanto, son los propios centros de producción los que necesitan profesionales con estos estudios. Es el propio mercado el que lo pide, situación inversa a la universitaria. Ahí es donde se asienta la justificación de la Junta para concertar las enseñanzas posobligatorias, en la falta de una oferta pública contundente en FP para atender la demanda de los jóvenes para cursarlas. El propio Imbroda lo ha reconocido: “Los recursos públicos no llegan a todos”. El consejero de Educación se ha vuelto a referir al déficit que se encontró en el invierno de2019 al llegar al cargo, cuando más de 30.000 adolescentes andaluces se quedaban sin plazas para estudiar un ciclo formativo. En estos años se han creado13.000entodaAndalucía, pero la cifra sigue siendo insuficiente, motivo por el cual se ha decidido concertar esta etapa, como en la década de los 80 se hizo con los colegios y en la pasada con las guarderías. El anuncio de estos acuerdos ha sido acogido favorablemente por las patronales CECE y Escuelas Católicas, las que tienen mayor representación en el sector de la educación privada andaluza. En este punto, Rafael Caamaño, secretario general de CECE Andalucía, recuerda que los conciertos en Bachillerato y FP estaban paralizados desde que entró en vigor la Logse en la década de los90. Se renovaban los firmados hasta entonces, pero no se ampliaban, una “decisión” que para Caamaño obedecía a una directriz de las políticas educativas de los diferentes gobiernos socialistas que se habían sucedido al frente de la Junta, “ya que ni esa normativa estatal ni las siguientes lo impedían”. Según datos facilitados por esta patronal, actualmente en Andalucía hay 50 centros con el Bachillerato concertado y 130 unidades privadas de FP de grado superior que también reciben fondos públicos gracias a estos acuerdos. En toda la comunidad existen 150 centros que imparten Bachillerato privado y 300 aulas del grado superior de FP, también privadas. Un mercado, por tanto, al que se podrían extender los conciertos. Para el secretario general de CECE Andalucía, la nueva orden supone “uno de los cambios más significativos en el sistema educativo”.

EldíadeCordoba