El debate de la ‘ley Celaá’ reabre el frente de la concertada en plena desescalada educativa

La Lomloe llega al Congreso con el rechazo del PP, Vox y Cs, que advierten de que «no resuelve» los problemas de la Covid-19

Mientras ocho millones de alumnos terminan este accidentado curso y las escuelas se preparan para cambiar toda su organización en una contrarreloj de aquí a septiembre, la octava reforma educativa de la democracia inicia su andadura parlamentaria reabriendo, en plena desescalada, los frentes de la concertada, el castellano o la meritocracia. El Congreso debate hoy el rechazo total de PP, Vox y Cs a la ley Celaá, la norma que derogará la Lomce.

Estos tres partidos han presentado enmiendas a la totalidad en las que piden la devolución de la Lomloe porque consideran que el texto que aprobó el Consejo de Ministros antes del coronavirus «no da respuesta» a los nuevos problemas que ha causado la pandemia. La ministra Isabel Celaá ha recordado que el proyecto puede ser mejorado y ha buscado el apoyo de Ciudadanos pidiéndole expresamente que retire su enmienda como «buen gesto». La portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín, le responde: «Congele la tramitación de esta ley y siente en la mesa un pacto para dialogar un acuerdo de mínimos con la comunidad educativa y el resto de fuerzas políticas».

La «falta de acuerdo» es el principal motivo de la enmienda del PP, que reclama que se retrase el debate al menos hasta que finalice el estado de alarma. Lo dice también Vox, que recuerda que no se ha consultado a los afectados. No en vano, la Lomloe no ha sido revisada por el Consejo de Estado y está por ver que durante el trámite parlamentario haya comparecencias de expertos. Celaá quiere que la ley esté aprobada para finales de otoño. Hay sintonía en el 0-3 años, la FP o la simplificación del currículo. Éstas son las batallas:

Concertada
Los tres partidos apelan a la libertad de elección de las familias y se muestran en contra de que la ley elimine el concepto de la «demanda social», un blindaje para la concertada –donde estudia el 25% del alumnado– frente a posibles cierres de las CCAA. La Lomloe contempla, además, repartir a alumnado «por razones socioeconómicas» por los colegios concertados y pone límites a la financiación con fondos públicos de la educación que separa por sexos. A todo eso se suma la exclusión de la concertada, ayer, en el reparto de las ayudas tecnológicas para paliar la brecha digital por el coronavirus, lo que se interpreta como toda una declaración de intenciones de cara al comienzo del debate. Luis Centeno, secretario general de Escuela Católicas: «Es una discriminación, los concertados prestan el mismo servicio público que la enseñanza pública. Por lo tanto, sus docentes y alumnos deben recibir los mismos recursos», advierte. «Si la Administración no aporta los medios, incumple su obligación legal y traslada el coste a las familias».

Castellano
El proyecto de ley dice que, al finalizar la educación obligatoria, todos los alumnos deben alcanzar «el dominio pleno y equivalente» tanto en castellano como en la lengua cooficial correspondiente, pero deja que sean las CCAA las que controlen si se imparten o no estas lenguas. El Estado no garantiza, por tanto, que se cumplan unas horas mínimas en castellano en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. Ésta es una línea roja esencial para los tres partidos de la oposición.

Meritocracia
Los alumnos podrán sacarse el título de Bachillerato con un suspenso y podrán lograr el de la ESO realizando simplemente «actividades personalizadas extraordinarias» de las asignaturas que no hayan aprobado. Se eliminan las reválidas y los itinerarios y se busca a toda costa que no se repita curso al tiempo que se apuesta por metodologías alternativas a la memorización y se recupera el modelo comprensivo y el «aprender a aprender» de la Logse. PP, Vox y Ciudadanos están en contra de estas medidas y piden una Selectividad única en todas las CCAA.

Identidad de genero
La Religión pierde peso, pues no contará para la media ni para pedir becas y dejará de tener materia alternativa. Ahora todos los alumnos darán clase de Valores Cívicos y Éticos, donde el PP y Vox sospechan que Unidas Podemos aprovechará para introducir contenidos de identidad de género,
como ha hecho en otras leyes.

Educación especial
Celaá ha repetido una y otra vez que no va a quitar recursos a los centros de educación especial, pero las familias de los 37.000 alumnos que estudian en esta modalidad no se lo creen y han convocado para hoy manifestaciones en Valladolid y León (la autorización en Madrid ha sido denegada). Es uno de los asuntos que más puede desgastar al Ejecutivo.

Estos 260 millones en tecnología se suman a los otros 2.000 millones para educación que se incluyen en la partida no reembolsable de 16.000 millones para paliar los efectos de la pandemia en las CCAA. De esa bolsa educativa de 2.000 millones, 1.600 son para colegios e institutos y 400 para universidades. Los sindicatos calculan que harían falta como mínimo 3.600 millones para atender las necesidades generadas por la Covid-19. Y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) advierte al Gobierno que tendrá que poner otra partida para compensar la bajada de tasas universitarias.