El Gobierno ya no subirá el IVA a la concertada

El Ejecutivo no eliminará la exención fiscal en este ámbito de la enseñanza y ahora debe decidir si toma alguna medida sobre los colegios privados
DANIEL VIAÑA MADRID Hacienda no va a eliminar la exención en el impuesto del IVA de la que goza la educación concertada, esto es, no le aplicará un impuesto del 21% como se había barajado y que había provocado fuertes quejas desde el sector. Fuentes de la Administración confirman a EL MUNDO que ese punto ya no está en discusión, y que ahora los trabajos se centran en qué hacer con la educación privada. Hasta el momento, no hay ninguna decisión tomada en este segundo aspecto. Lo que sí está decidido, insisten estas mismas fuentes, es que no se modificará la situación de la enseñanza concertada. Y de hecho, añaden, desde el Gobierno ya se ha tranquilizado al sector educativo al transmitirle esta decisión. La posibilidad de aplicar el IVA a la concertada surgió del estudio de los beneficios fiscales que, a instancias del propio Ejecutivo, llevó a cabo y publicó el pasado mes de julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En ese documento, el organismo dirigido por Cristina Herrero no re-comendó acabar con la exención para educación y también sanidad privada, algo que por ejemplo sí defendió con los beneficios fiscales de los planes de pensiones o incluso con la necesidad de eliminar de manera progresiva los IVA reducidos y superreducidos. «La evaluación muestra un resultado no concluyente ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la de-manda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público», expuso la Autoridad Fis-cal, que cifró el coste fiscal en 1.694 millones en el caso de la educación y en 1.763 millones para la sanidad

Faltan 32.000 millones este año. El Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta ascenderá a 282.137 millones. Se rebajan así de 47.000 millones a 32.000 las necesidades de financiación en lo que resta de año.

Y a ese documento y a esas conclusiones se remitieron tanto los colegios concertados como la CEOE cuando, la semana pasada, advirtieron de que «el incremento de recaudación sería inferior al coste para el sector público de la necesidad de prestar esos mismos servicios a aquellos individuos que abandonasen el sistema privado a raíz de esta modificación». Todo ello ha llevado al Gobierno a descartar esta medida y centrar-se en trabajar sobre otras como la señalada modificación del beneficio fiscal de los planes de pensiones, aspecto que tanto PSOE como Unidas Podemos quieren llevar a cabo y para el que cuentan con el aval de la AIReF. A ello hay que sumar el impuesto al diésel, las denominadas Tasa Tobin y Google, que ya han superado de hecho el trámite parlamentario, o el incremento en el IRPF a las rentas altas. Todo ello quedará plasmado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, documento que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estarán en vigor «en los primeros días de enero». Así lo afirmó ayer en una entrevista concedida a TVE y en la que señaló que el borrador que ha negociado con el responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez está «prácticamente terminado». Por otra parte, la también porta-voz del Gobierno se comprometió, al igual que ya ha hecho en más de una ocasión el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a que las pensiones subirán el próximo año con el IPC. «Las pensiones se van a actualizar al IPC, es un compromiso de es-te Gobierno y quiero transmitir absoluta tranquilidad», indicó Montero en declaraciones recogidas por Eu-ropa Press, al tiempo que apuntó que aunque este año el IPC va a ser del 0%, las prestaciones se han revalorizado un 0,9% con la consiguiente ganancia de poder adquisitivo.
Además, la ministra confirmó que, como publicó este periódico, la Seguridad Social recibirá unas transferencia de 18.000 millones el próximo año mediante la que el Estado asumirá los denominados gastos impropios del sistema, como son las políticas activas de empleo o las prestaciones asistenciales que se incluyen los sistemas de protección por desempleo. Esta era una medida que había reclamado Escrivá en más de una ocasión para trata de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, aun-que sus detractores señalan que puede suponer simplemente «cambiar el problema de sitio».