El TSJ devuelve a colegios concertados las aulas suprimidas por el Consell

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó

Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

La Generalitat valenciana recurrirá la anulación parcial del decreto de conciertos educativos

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha estimado parcialmente trece recursos interpuestos contra el decreto del Consell que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para su acceso o renovación, lo que anula parcialmente esa norma y obliga a la Conselleria de Educación a mantener las aulas concertadas que no renovó.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avalan la legalidad de parte de la norma recurrida y reconoce que la Generalitat “no está obligada a concertar”pero le impide suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor, ha informado el TSJ en un comunicado.

La Sala afirma que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Administración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos. La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción. La razón es obvia, es contraria a Derecho“, señala la Sala en sus resoluciones.

En ellas establece asimismo que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”, apunta y añade que la Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar“.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

Derecho a conservar las aulas

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

En concreto, se ha pronunciado sobre los recursos del colegio Pureza de María de Ontinyent, Guadalaviar, Sagrado Corazón de Jesús (Esclavas), Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), Instituto y colegio Calsalnci, El Pilar, Nuestra Señora del Loreto y Sagrada Familia.

Además, ha resuelto los de la Compañía de María Marianistas, la Congregación de Religiosas de la Pureza de María Santísima, la Fundación Educativa Santo domingo, la Federación Española de Enseñanza de Centros Católicos y la Federación Educación y Gestión de la Comunidad Valenciana y de la Federación Católica de Asociaciones de padres de alumnos de Valencia (FCAPA).

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”, sentencia.

En relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de València, el Tribunal considera que “se ha limitado a rellenar unos impresos”.

“El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime. Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”, concluye.

El TSJ ha indicado que todavía quedan recursos pendientes de otros colegios y que si la Generalitat recurre estas sentencias, los afectados podrían solicitar su ejecución provisional.

La Generalitat recurrirá

Por su parte, la Generalitat recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de anular parcialmente el decreto de la Conselleria de Educación que regula el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los conciertos educativos al “no compartir” la resolución del alto tribunal valenciano que, según recuerdan, no es firme.

Así lo han aseverado a Europa Press fuentes de la administración autonómica después de que este viernes se haya conocido que el TSJCV ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra la norma de la Conselleria de Educación y, por ende, ha reconocido el derecho de varios centros a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

concertada ElMundo.es