La concertada acude a Europa porque Celaá «conculca» derechos

Entiende que la nueva ley educativa impondrá un «monopolio estatal docente»

La escuela concertada, en la que estudia el 26% del alumnado, ha iniciado una ofensiva en las instituciones europeas contra la Ley Celaá. Después de recoger dos millones de firmas y protagonizar manifestaciones de coches, seis organizaciones de padres, alumnos, profesores y patronales han pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Euro-peo (PE) porque consideran que la reforma educativa del Gobierno supone una «conculcación» de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de otros tratados internacionales, así como un «ataque sistémico al Estado de Derecho en España».

Las familias de la Concapa y la Cofapa, los sindicatos Fsie y Uso y las patronales Escuelas Católicas y Cece, integradas dentro de la pla-taforma Más Plurales, han enviado una petición a la ex ministra del PP Dolors Montserrat, actual presidenta de la Comisión de Peticiones del PE, en la que expresan sus críticas a la Lomloe.
Denuncian que la ley «contra-viene» la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su artículo 14.3, que reconoce «la libertad de creación de centros docentes» y «el derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». Sostienen que, en plena caída de la natalidad, la Lomloe «da preferencia a los centros públicos en la programación de la oferta educativa», lo que convierte a los concertados en«subsidiarios» y aboca a la escuela hacia «un monopolio estatal docente» que «ignora la garantía institucional de las empresas educativas» y «la posibilidad de los padres de optar por centros concertados cuyo ideario pueda reflejar sus convicciones».

La concertada asegura que la Ley Celaá contraviene también la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2018 sobre modernización de la educación en la UE, que anima a conceder «apoyo financiero adecuado a los centros escolares tanto de carácter público como privado». Y recuerda otros tratados internacionales firmados por España que «son contrarios» a la reforma educativa: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que contemplan, de una forma u otra, el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos.

En cuanto a la normativa española, la concertada apunta que la ley «rompe los acuerdos de la Transición española» y «vulnera» el derecho fundamental de la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución, porque «su propuesta consiste en no valorar la demanda de las familias como criterio de programación». «Sin límite alguno, deja a la discrecionalidad de la Administración la planificación educativa y convierte en irrelevantes las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades educativas, a las que aboca al cierre». «Asistiremos a un control político de la educación y a la eliminación de la pluralidad», augura.

Asimismo, la European Parents Association ha enviado una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en la que expresa su preocupación por la educación en España tras la aprobación de la Lomloe.

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