La concertada se queda sin becas y con menos capacidad de gestión

La sombra de Podemos es alargada en la Conselleria de Educación, a pesar de ser una cartera compartida entre PSIB y Més. Si no que se lo digan a los colegios concertados de Baleares, que se sienten en el punto de mira de la agrupación de Alberto Jarabo desde el primer día de Govern del Pacte. “Nos han dicho que Podemos amenaza al Govern con no aceptar nada favorable para la escuela concertada, de modo que no sabemos qué capacidad de acuerdo tienen los responsables de Educación cuando nos sentamos con ellos a negociar”, denuncia Marc González, asesor jurídico de Escola Catòlica, patronal mayoritaria en esta red.

El malestar se ha producido al comprobar que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, publicada el 30 de diciembre, incumple los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo sobre cuestiones referentes a la organización del centro, al incluir “artículos de unas instrucciones sin valor jurídico que invaden la competencia del titular del centro”, explica González.

Se refiere a los artículos 31, 32 y 33, todos ellos referentes a la regulación de cuestiones no económicas sino organizativas “que no suponían un incremento de gasto público”, aclaran desde la patronal. Esto implican que, a partir de ahora, los colegios concertados están obligados a usar el Gestib, una herramienta de gestión -de uso en la red pública- que “nos obliga a hacer cosas no establecidas por ley y que, contrariamente, deja de incluir otros trámites que necesitamos”. Algo “diabólico que nos obliga a hacer lo que quieren”, resume González, y que “pone en un embudo a los 113 centros concertados de las Islas”.

Cabe recordar que, a diferencia de los centros públicos, los concertados tienen un propietario ajeno a la Administración a quien le corresponde la gestión. La aplicación de los citados artículos supone, así, la vulneración de las competencias de la propiedad hasta el punto de impedir sustituir una vacante, incluir titulaciones en el curriculum o en la gestión de las nóminas, ejemplifica el asesor jurídico. Lo peor es que ni siquiera tienen ahora posibilidades de impugnar porque tendrían que ir al Tribunal Constitucional y “eso sería absurdo”, se queja.

Según la patronal, el director general de Planificación, Antoni Morante, está dispuesto a mantener el contenido material de las reivindicaciones de Escola Catòlica “de puertas para adentro” pero, al mismo tiempo, mantener una ley “que dice lo contrario”. Una solución que no convence a la concertada.

Para más inri, a la pérdida de competencias, se suma la nueva exclusión de las ayudas de comedor. Los alumnos de la concertada han vuelto a quedar excluidos de estas becas. Primero se les excluyó de las ayudas de emergencia social del Govern, publicadas en septiembre de 2014; casi 600.000 euros a los que no pudieron acceder los alumnos de los 113 centros concertados de las islas. Y ahora vuelven a quedarse fuera de las becas de comedor, pese a que el conseller Martí March “nos prometió que incluiría a estas familias”, recuerda Escola Catòlica. Un nuevo incumplimiento que se debe a las presiones desde Podemos, apuntan.

“La situación es terrible porque pone en duda la capacidad de acuerdo del Govern”, sentencia Marc González, ante un “gobierno que no gobierna y cuya credibilidad está en entredicho”.

Por su parte, el gabinete del conseller asegura que “está negociando éste y otros temas con la concertada en el marco de un pacto global”, y, de forma críptica, deja la puerta a una posible modificación al asegurar que “no es un proceso cerrado”.

El Mundo.es