La concertada y las familias de los colegios especiales, contra la tramitación de la ley Celáa
El confinamiento no ha frenado el trabajo parlamentario. Esa es la explicación que ha dado el Gobierno para justificar que sigue adelante la tramitación de la nueva ley educativa el hecho de que hoy finaliza el plazo para presentar las enmiendas al texto. Una ley que ya nació envuelta en polémica y que, ahora, además, es rechazada por la situación en la que se tramita. PP, Ciudadanos y Vox han enmiendas a la totalidad, y la escuela concertada ha mostrado su malestar.
Escuelas Católicas, Confederación Española de Centros de Enseñanza, las federaciones de familias CONCAPA y COFAPA, además de los sindicatos mayoritarios de la escuela concertda (FSIE y FEUSO) se han unido en una plataforma, ‘Concertados’, y ha emitido un duro comunicado. «En un momento en el que la pandemia del COVID-19 está asolando a nuestro país, las organizaciones de la enseñanza concertada consideran que es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad. Precisamente por eso, no es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo».
También ha mostrado su rechazo la plataforma Inclusiva sí, Especial también, que agrupa a personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, convencidos de que esta ley pretende cerrar los colegios de educación especial en un plazo de diez años. La nueva ley «determina que solo irán a los colegios especiales los alumnos que requieran de una atención muy especializada», por lo que creen que de esa forma se irán vaciando esos centros hasta que, en unos años, cierren. Las familias defienden que son necesarios.
