LA ENSEÑANZA CONCERTADA

Cada vez que se convocan elecciones generales para escoger a diputados y senadores al parlamento español, y por ende, un gobierno, los candidatos de los partidos y coaliciones no hacen más que afirmar la necesidad de un gran pacto por la educación para sacar a España de la postración en que se halla, al tener las tasas de fracaso y abandono escolar más elevadas de Europa. Mientras tanto, en lugar de aunar criterios, resolver diferencias y actuar pensando siempre en el interés general, la educación continúa formando parte sustancial de la batalla que cada grupo mantiene en defensa de su ideología política, y así no hay manera de llegar nunca a un acuerdo.

En esta línea de desacuerdos, algunos partidos políticos de ideología izquierdista proponen que en España solo haya educación pública, sin posibilidad de elección por las familias de otro tipo de enseñanza, algo contrario a lo previsto en la Constitución Española (CE) y que supone, además, una actitud de animadversión puramente ideológica cuyo objetivo es bien claro: cargarse la educación concertada.

Tener un modelo único de educación es contrario a lo dispuesto en la CE, que en su artículo 27 consagra el derecho a la libertad de enseñanza, de tal modo que hay padres que demandan proyectos educativos diferentes, lo cual debe ser respetado y apoyado por un Estado democrático.

Efectivamente. El artículo 27 de la Carta Magna reconoce la libertad de enseñanza y garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En este ámbito nació la enseñanza concertada en los primeros años de vigencia de la CE.

Fue el PSOE el que, para cumplir con lo preceptuado en la CE y teniendo en cuenta que la propia Carta Magna contempla que “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, reguló los centros privados que voluntariamente quisieran adherirse a un sistema de conciertos. Ello comportaba que recibirían dinero público manteniendo su ideario. A cambio, deberían someterse a los criterios educativos que marcara el Estado para la enseñanza pública: admisiones, currículum escolar, horarios, aulas, etc., no permitiéndose a los colegios concertados cobrar ninguna cuota obligatoria a las familias. Esta era la forma de garantizar la libertad de elección de los padres y, a la vez, la gratuidad de la educación.

Veamos. Los padres son los responsables de la educación de sus hijos y el Estado lo es de crear un marco que favorezca esta tarea. Cada uno tiene su espacio de actuación, todos deben ser respetados y todos deben trabajar para responder a la demanda existente de manera efectiva.

Existe un error bastante generalizado al creer que la enseñanza concertada es más cara que la pública, cuando no es así, pese a la demagogia que se suele hacer en este asunto. En un colegio público, cada estudiante le cuesta a la Administración 6.900 euros al año, mientras que en un colegio concertado supone 2.900 euros, es decir, menos de la mitad. Por consiguiente, la polémica sobre la necesidad o no de mantener las escuelas concertadas, más que una cuestión de índole económica es ideológica, al ser estos centros mayoritariamente religiosos. En todo caso, la existencia de la enseñanza en escuelas concertadas no se justifica desde el punto de vista de la rentabilidad, sino de la libertad y de la pluralidad.

La escuela concertada es una opción educativa válida, como lo son la pública y la privada, y responde a la diversidad de una sociedad plural. La variedad de enfoques educativos supone una riqueza cultural y humana. Es también garantía de pluralidad ideológica correspondiente a una sociedad democrática. Ahogar la enseñanza concertada sería tanto como ahogar el Estado democrático de Derecho.

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