La «fresa del postre» para ahogar a la concertada: Los Presupuestos la dejan afuera de la creación de plazas

Destinan más de 200 millones para la creación de plazas de 0-3 solo públicas

Los ataques a la concertada no llegaron con la Lomloe, proyecto de ley educativo actualmente tramitado en el Congreso contra el cual el sector ha iniciado una feroz campaña. El sector sufre desde hace años un acoso que viene del Gobierno central pero también de las comunidades gobernadas por el PSOE y Podemos Compromís o Bildu.

Por ejemplo, en el curso 2017-18, en Aragón y Comunidad Valenciana y en el 19-20 en La Rioja eliminaron unidades concertadas que contaban con suficiente alumnado para llenar las aulas vacías de la pública. Estas reducciones de aulas fueron anuladas por los tribunales con base en la legislación vigente (Loe-Lomce). Otro hecho, menos conocido pero igual de polémico, ha sido «la imposición por parte de la administración de plataformas informáticas para realizar el proceso de admisión de alumnos tratando de asumir la gestión directa del mismo y sustituyendo en esta tarea a los titulares de los centros», denuncia Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas. Así, se han dado situaciones, como por ejemplo, reducción de plazas a ofertar, eliminación de alumnos ya matriculados, etc. Este tipo de plataformas, además, desvelan información sensible sobre los alumnos que se escapan al control del centro.

El último ataque se consumó en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado el pasado miércoles. Las intenciones ya se habían dejado claras en el documento que plasma el acuerdo entre PSOE y Podemos de diciembre de 2019 cuando prometieron «un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños menores de 3 años». En la práctica esto conduce a una mayor cantidad de plazas públicas que concertadas y al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar a uno concertado. La promesa de aquel documento de hace algo menos de un año se convirtió en hechos (y en dinero).

«Empezó en Extremadura y Comunidad Valenciana»

Según consta en los Presupuestos se destinarán 200.790.000 euros para la «creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años». Para Centeno, los presupuestos «vienen a demostrar con hechos la intención del Gobierno de incrementar la enseñanza pública, a costa de la privada y concertada», lamenta y recuerda, además, que el incremento de las plazas en las etapas de 0-3 «empezó hace más de tres años en Extremadura y Comunidad Valenciana». A la concertada, solo se le destinan fondos para un programa de refuerzo en Ceuta y Melilla (PROA+).

Pero el incremento progresivo de las plazas en las etapas de 0-3 «empezó hace tres años en Extremadura y Comunidad Valenciana», apunta Centeno que repasa otros ataques «económicos» a la concertada: «En algunas comunidades, desde hace unos cinco años, la concertada no recibe el pago de conceptos salariales que afectan al profesorado, por ejemplo, paga extraordinaria por antigüedad. Esto empezó en Andalucía cuando estaba el PSOE, pero también en Galicia, donde gobierna el PP».

Además, critica Centeno, el módulo de conciertos, es decir, el dinero que se recibe del Estado, «sigue inalterado a pesar de todas las obligaciones impuestas por las sucesivas leyes como la protección de datos, la eliminación de barreras arquitectónicas para la accesibilidad, las inversiones tecnológicas, la prevención de riesgos…todo esto no está contemplado en el módulo. En esos conceptos no se incluían todas las obligaciones legales recientes».

El Gobierno se desdice a sí mismo y dice que no dará ordenadores solo a la pública

Por si esto fuera poco, el pasado 16 de junio el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un programa que preveía destinar 500.000 dispositivos a centros solo «de titularidad pública». El PP preguntó desde el Senado en tres ocasiones cómo se garantizaría la enseñanza online a todos los centros y el Gobierno no tuvo reparos en admitir que los ordenadores eran para los centros públicos, salvo la última vez, esta semana, en la que se desdijeron a sí mismos: «Lo dicho sobre que los equipos se entregarán a los centros públicos no tiene ninguna base».

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