Ley Celaá: el PP toma, ahora sí, la delantera a Vox en las calles

Pablo Casado coge el volante en su flanco débil frente a Vox, las manifestaciones, y en una causa con un calado transversal

Coincidiendo con un momento tan decisivo para el Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias para garantizar la legislatura como aprobar sus primeros Presupuestos, el PSOE y Unidas Podemos han brindado a las fuerzas del centroderecha una de sus mejores bazas electorales para cuando todo esto termine. No hay elementos más movilizadores entre los votantes que el bolsillo y los hijos. Y aquí el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han encontrado con una reforma educativa que agita los peores fantasmas de las familias que confían y quieren continuar llevando a sus niños a la concertada, que es posiblemente uno de los sectores más transversales que hay en todo el país. O de quienes ven con asombro cómo se pretende rebajar la excelencia. O del muy razonable enfado del personal por asistir, casi con desesperación, a la enésima oportunidad perdida para alumbrar de una vez por todas una norma que nazca del consenso y que aporte largos años de estabilidad para garantizar una educación de calidad.

La marea naranja contra la Ley Celaá ha devuelto al PP a las calles. Y los de Pablo Casado, que venían llegando tarde a algunas de las últimas batallas políticas dentro de su ámbito ideológico, parecen haberse puesto a tiempo al volante de este movimiento. Como hizo simbólicamente ayer el líder del PP durante la manifestación en coches celebrada en Madrid. Antes de subirse a uno de los vehículos, Casado prometió que la Ley Celaá durará lo que el PP «tarde en llegar al Gobierno» y subrayó que las comunidades autónomas gobernadas por su partido harán «todo lo posible» para «evitar los estragos» de la nueva ley educativa. Es decir, el popularquiso presentarse ante las familias como su gran esperanza blanca, porque tiene poder para alterar la situación en cinco autonomías, para el 45% de la población.

A diferencia de otros asuntos en los que Vox le tomó la delantera en las calles –contra el independentismo, contra el estado de alarma y la gestión de la pandemia…–, el PP ha agarrado a tiempo un tema que parece ganador. Y lo que le diferencia en gran medida de aquella foto de Colónes que ahora se trata de un asunto con un carácter más transveral. Es decir, que la preocupación va mucho más allá de sus votantes, incluso de su espectro ideo-lógico. Por eso, es una protesta donde más que la bandera de España, lo que dibuja la unión de todos es el color naranja. Nadie presume más del lazo naranja que el PP y nadie se volcó tanto ayer. El despliegue de dirigentes de la primera plana popular en las manifestaciones, tanto en Madrid como en muchas provincias, es un golpe de Génova en la mesa para reivindicarse frente a sus dos vecinos ideológicos.

Pablo Casado elevó esa apuesta participando en la protesta de Madrid, acompañado por el alcalde, José Luis Martínez Almeida, portavoz nacional del partido, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. La plana mayor, como prueba de que tienen la delantera en este caso, mientras nada se supo de los líderes de la competencia, Santiago Abascal e Inés Arrimadas. Sí estuvieron sus partidos. Vox lo hizo con un cuantioso número de diputados (12 sumando nacionales y auto-nómicos), encabezados por Iván Espinosa de los Monteros, porta-voz en el Congreso, y Rocío Mo-nasterio, líder regional. La representación de Ciudadanos correspondió a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

En esta pugna política, que promete un duelo interesante entre las partes de ahora en adelante, el PP juega con la doble ventaja de que puede protestar en la calle al tiempo que puede presen-tar contramedidas desde las instituciones autonómicas que encabeza, y que pueden atenuar el impacto de la Ley Celaá. Como está anunciando en los últimos días. Ahí contaría con cierto margen Ciudadanos, pues comparten gobiernos, sin embargo, no está haciendo nada por capitalizarlo.

El que se encuentra más a la in-temperie es Vox. Quizá, por ello, aprovecharon la ocasión para criticar al PP y situarlo como «corres-ponsable» de problema educativo. En especial en lo que respecta a la garantía del castellano como lengua vehicular en la Galicia de Alberto Núñez Feijóo. Pero el partido va más allá en sus reivindicaciones reclamando la activación del «pin parental», uno de esos clásicos de la guerra cultural. Ahora la batalla va por otro lado. Casado toma la delantera en su flanco débil frente a Vox, las calles, y en una causa transversal El PP agarra, ahora sí, el volante ANÁLISIS Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, del PP, ayer en la manifestación en Madrid contra la Ley Celaá. ALBERTO DI LOLLI Espinosa de los Monteros. A. CUÉLLAR La vicealcaldesa Begoña Villacís. CSOtro de los aspectos que ha escandalizado a las familias es la delirante idea de acabar con los centros de educación especial, con la excusa de una pretendida educación inclusiva. No puede haber mayor inclusión que esforzarnos para que los alumnos con necesidades específicas desarrollen al máximo sus capacidades con sistemas individualizados. En la Comunidad de Madrid, el 91,7% de estos alumnos están escolarizados en centros educativos ordinarios y sólo el 8,3%, aquellos cuyas necesidades no se pueden atender en los centros ordinarios, se encuentran en los centros de educación especial. Esto es la verdadera educación inclusiva, no nos engañemos. Gobernando el PSOE en España, se aprobó el Real Decreto 334/85 del 6 de marzo, el punto de partida de toda la legislación sobre integración escolar. Solo la deriva radical en manos de Pedro Sánchez y sus peculiares socios, explicarían semejante cambio de opinión.

La otra polémica que la izquierda quiere ocultar es el ataque a la escuela concertada, para que esta red educativa, tan valorada por las familias, se convierta en subsidiaria de la pública y si es posible eliminarla. Celaá lo justifica tratando de convertir en realidad lo que es un mantra trasnochado, la idea de que en los concertados se impide el acceso de niños sin recursos. Es falso. En Madrid no se impide el acceso a alumno alguno a cualquier centro educativo gracias a la libertad de elección y al distrito único, que permite que las familias escolaricen a sus hijos fuera del barrio donde residen, algo que la Ley Celaá quiere eliminar, con una matriculación por distrito postal.

La Comunidad de Madrid defiende los tres modelos de educación, pública, privada y concertada, donde el concepto de demanda social, que quiere suprimir Celaá, se respete para garantizar la libertad de elección. Gracias a ello, en Madrid, el 94% de familias lleva a sus hijos al centro que eligió en primera opción, independientemente de donde residan.

La Ley Celaá es un engendro ideológico, que empobrece intelectualmente e iguala por abajo, margina nuestro idioma, huye de la cultura del esfuerzo. Sólo contenta a una parte de la clase política, dentro de la cual están aquellos que quieren dinamitar el régimen del 78, la concordia y la unidad. Una ley dañina que promueve una educación con minúsculas. Enrique Ossorio es consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.

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