Más de 360.000 alumnos madrileños, «discriminados» por el veto del Gobierno a la concertada
Con el país sumido en una preocupante ola de rebrotes de coronavirus, el inicio del próximo curso escolar se vislumbra incierto. La evolución de la pandemia marcará el grado de rigidez del protocolo que aplicarán los centros para garantizar la seguridad, pero los sindicatos ya han advertido que será necesario aumentar las plantillas con independencia del escenario que se presente. Ante la bajada de ratios en las aulas y el aumento del profesorado que reclaman CCOO, UGT, ANPE y CSIF, los colegios de educación concertada denuncian la “desigualdad” con la que afrontan la adopción de estas medidas con respecto a la pública.
Así, patronales, organizaciones sindicales y padres del sector de la concertada anunciaron la semana pasada en un comunicado conjunto que acudirán a la Justicia tras quedar excluidos de las ayudas a la recuperación post Covid-19 previstas por el Gobierno nacional. El Ejecutivo ha articulado un paquete global de 16.000 millones para la Reconstrucción Social y Económica de España, con una partida para la Educación que asciende a 2.000 millones. Sin embargo, el borrador del texto recoge que estos fondos extra se destinarán en exclusiva a la red pública de gestión directa.
Este “veto” también ha suscitado la crítica del Gobierno regional. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, manifestó este jueves que incrementarán “las unidades necesarias” en la educación concertada frente a la “prehistórica fobia del Gobierno y los partidos que lo apoyan” a este modelo de enseñanza en el que se matricularon 364.168 estudiantes en el curso 2018/2019 -último con cifras oficiales-.
Desde esta área explican a Madridiario que con esta decisión, el Ministerio “rompe con la igualdad de oportunidades al excluir a determinados alumnos que estudian en centros sostenidos con fondos públicos y que también carecen de recursos tecnológicos para combatir la brecha digital”. La Comunidad considera un “error enorme que haya ese sectarismo”.
En la Comisión de Reconstrucción, el texto que deja fuera de las ayudas a la concertada solo cosechó el respaldo de PSOE y Podemos. Se aprobó con 155 votos favorables, 132 en contra y 5 abstenciones y gracias a la ausencia de Vox, que abandonó las reuniones semanas atrás. El documento ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero debe ser convalidado en el Congreso. La versión definitiva se votará, de forma previsible, el próximo 22 de julio. Está sujeto a cambios, pero ninguna de las enmiendas presentadas hasta la fecha por PP y Ciudadanos en defensa de los centros concertados ha sido incluida.
Una llamada a no discriminar alumnos
Desde Escuelas Católicas de Madrid (ECM), que cuenta con 330 colegios concertados en la región, definen como una “gran injusticia” que el Gobierno “penalice a los alumnos en función de su escolarización”. Su secretario general, José Antonio Poveda, sostiene que en caso de tener que desdoblar grupos, habilitar nuevos o contratar más docentes precisarán de ayudas: “Si no nos dotan de medios no podemos aplicar las medidas de seguridad que marque la Administración”.
Poveda recuerda que los estudiantes de la concertada tienen “tantas necesidades como cualquier otro”, en referencia a los matriculados en instituciones públicas o privadas. Además, apunta hacia la “hipocresía” exhibida por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez al “afirmar que de esta crisis solo salimos unidos y después dejar al margen a un sector educativo muy importante”.
En la misma línea se pronuncian en Eurocolegio Casvi, donde entienden que no se da el escenario más apropiado para este “ni otros debates”. “No es momento de dividir, sino de sumar y aprovechar la potencia de las tres redes educativas”, indica su director general, Juan Luis Yagüe. El mismo afirma que esta situación se corresponde con “un paso más en el intento de ahogar y hacer desparecer a la concertada de Podemos y PSOE” y reclama que ambos partidos asuman que “podemos convivir las tres redes porque para todas hay demanda y cada una tiene su misión”.
No obstante, ambas instituciones se muestran partidarias de acudir a la vía judicial solo en última instancia. En Escuelas Católicas prefieren “esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos” antes de emprender las acciones legales anunciadas por patronales y sindicatos, aunque no descartan ninguna opción. En Casvi creen “sería bueno evitar los tribunales”. “Ojalá no tener que llegar a ese punto para que se acuerden de que estamos aquí”, comenta Yagüe.
Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) lamenta “que se vuelva a discriminar a las familias que escogen centros concertados”. Además, precisa que esta enseñanza escolariza a más de dos millones de alumnos “de muy diverso origen socioeconómico”. Por ello, no comprenden cómo la Administración “pretende que la recuperación educativa tras la pandemia pase solo por la educación pública”.
“Una vez más, asistimos a un uso ideológico de los fondos públicos, que en vez de basarse en los datos de impacto reales de la crisis en las familias, ignora totalmente a una parte de ellas”, denuncian. En estas circunstancias, piden al Gobierno un “esfuerzo de consenso” en la votación final del texto para que en la Cámara Baja primen las decisiones “integradoras y respetuosas con los derechos constitucionales”.
La oposición, contraria al veto
El documento pactado entre PSOE y Unidas Podemos en la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de España anima a fortalecer la red pública como “columna vertebral” del sistema educativo. Bajo esta premisa, insta a aumentar de forma progresiva las plazas en los centros de titularidad pública a fin de “poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes”. También plantea, entre otras iniciativas, un refuerzo en los programas de enseñanza online, la distribución de equipos digitales a los alumnos que carecen de ellos o el impulso a un plan de formación permanente del claustro.
En la Comisión, PP, Ciudadanos y PNV esgrimieron los argumentos más críticos contra la postura del Gobierno. Así, los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz, Aitor Esteban, objetaron que la decisión de excluir a la concertada supone «invadir competencias autonómicas» mientras que Sara Giménez, de Cs, aportó que la medida estaba basada en la «ideologización». Rosa Romero, diputada del Partido Popular, acusó al Ejecutivo de «querer dejar atrás a uno de cada cuatro alumnos».
Vox no estuvo presente en la votación al haber renunciado a participar en las reuniones, un gesto que Enrique Ossorio, consejero de Educación madrileño, ha reprochado: «Si hubieran estado allí con su voto no hubiera salido adelante». Los ‘noes’ de la formación de ultraderecha podrían haber tumbado la propuesta de socialistas y morados.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, mandó un mensaje a la oposición: «No se preocupen por la salud económica de la privada concertada porque ha sido bastante protegida por los diferentes gobiernos durante la última década mientras los recortes de la pública de gestión directa han sido salvajes».
