Remírez se escuda en la Lomloe para atacar la libertad educativa

Navarra Suma considera que están limitando los derechos de las familias

El vicepresidente y portavoz del Gobierno socialista de Navarra, Javier Remírez, se escudó ayer en el cumplimiento de la Lomloe, para defenderse de las acusaciones de actuar contra la libertad de elección de centro educativo y de enseñanza de las familias en la Comunidad foral. Navarra Suma viene denunciando la política del Ejecutivo para asignar los colegios a los que han de ir los alumnos y limitar así la decisión de las familias, además de pretender adoptar medidas contra los centros concertados y los diferenciados, por la separación según sexo, excluyéndolos de financiación. La educación diferenciada en Navarra afecta a 4.000 familias y a 350 profesionales.

Tras las palabras del consejero de Educación de Navarra sobre eliminar la segregación del alumnado en los centros que reciban fondos públicos, Remírez apuntó que «tienen que cumplir la norma» y «hablamos de evitar la segregación pero nunca hablamos de temas de financiación, es una cuestión que se está trabajando», aseguró.

Réplica de Na+
Na+ calificó de «grave» el trato a la educación diferenciada, cuando hay una sentencia de 2018 del Tribunal Constitucional que «deja absolutamente claro que este sistema tiene derecho a concurrir a los convocatorias de concierto exactamente igual que cualquier otro».

Sin embargo, Remírez comentó que «el trabajo y la colaboración que existe entre el Ministerio de Educación y el departamento del Gobierno de Navarra se guía sobre todo por un principio de legalidad, tenemos que cumplir lo que marca la norma de referencia, la Lomloe» y que «el horizonte que marca es erradicar o evitar cualquier escenario que suponga una segregación no solo en términos de sexo, sino otro tipo de cuestiones que puedan suponer una segregación, como cuando se acumulan alumnos de determinadas clases sociales en un solo centro».

El portavoz afirmó que «es una cuestión que está trabajando el departamento de Educación con todos los colectivos y centros afectados». «Tenemos que actuar con el máximo grado de seguridad jurídica y preservando a los colectivos afectados» añadió. «A partir de ahí, buscaremos el máximo consenso posible con las comunidades educativas que puedan verse afectadas» . Aseguró que «no hay ninguna cruzada» con este tema, «sino que tenemos que avanzar en espacios de igualdad de oportunidades, en espacios de excelencia de calidad educativa».

Recientemente, Navarra Suma pedía también que el Parlamento considerase la educación diferenciada como una opción pedagógica más , como ocurre en Estados Unidos y otros países europeos, Gran Bretaña o Alemania «igual de válida que la opción coeducativa, que debe ser financiada a través de conciertos para respetar el derecho de las madres y padres que optan por la misma.

abc