Celaá, contra la concertada
Juan Ramón Rallo
La Ley Celaá busca relegar a un segundo plano a la enseñanza concertada: el tipo de centro escolar que hoy proporciona educación al 30%del alumnado. Aunque todavía no se ha llegado al extremo de prescribir su desaparición y total sustitución por escuelas estatales, la nueva ley de PSOE-Podemos limita enormemente la apertura de nuevos centros concertados (ola ampliación de plazas), prohíbe que cobren por servicios complementarios y restringe su capacidad organizativa y de selección del alumnado. Se trata de empezar a asfixiarlos financieramente, de poner coto a su crecimiento y de inmiscuirse en su gestión. El objetivo es claro: ir trasvasando progresivamente demanda de la concertada a la pública hasta que esta se halle en extinción. Diversos intelectuales de izquierdas han justificado esta invectiva contra la concertada aludiendo a que resulta intolerable que el Estado subvencione escuelas privadas con el dinero de todos: aunque los padres no deberían ser obligados a llevar a sus hijos a una escuela pública, sí deberían soportar la totalidad del coste económico de rechazar la pública. El enfoque, empero, es totalmente equivocado, dado que pasa por alto que el dinero público era previamente dinero privado, de manera que en muchas ocasiones no se trata de subvencionar con dinero público a un colegio privado, sino de permitirle a cada familia que conserve su dinero privado para que pueda escoger aquella escuela que más se ajuste a sus preferencias. Imaginemos una pareja que paga cada año 10.000 euros en concepto de IRPF: si esa pareja decide llevar a su hijo a una escuela pública, el Estado se hace cargo del coste de la misma, el cual actualmente asciende a una media de6.600 euros anuales. Es decir, esa pareja estaría recuperando 6.600 euros de los 10.000 que ha pagado en impuestos. La cuestión es por qué esa devolución fiscal sólo puede lograrse si la pareja escoge una escuela pública y no, en cambio, si selecciona una privada. Bastaría con qu e el Estado introdujera una desgravación dentro del IRPF igual al coste de una plaza pública (obligeramente inferior si queremos que los contribuyentes subsidien parte del coste de las plazas públicas de aquellas familias con insuficientes ingresos). Cada familia podría escoger colegio público o privado según sus preferencias y no según las preferencias de los políticos: y lo escogería no con el dinero de los demás, sino con el dinero propio que el Estado deja de arrebatarle (como mucho, las únicas personas que seguirían escogiendo entre la opción pública y la privada con el dinero de los demás serían aquéllas con ingresos demasiado bajos como para desgravarse los gastos educacionales en el IRPF). La Ley Celaá avanza por la senda opuesta ala que necesitamos: no amplía nuestra libertad de elección sino que la cercena todavía más.
