La escuela concertada en Cataluña: crónica de una muerte anunciada
Cataluña matricula en torno al 35% de los alumnos en centros concertados, una de las tasas de escolarización en este ámbito más elevadas de España, junto a Madrid y País Vasco. Precisamente, Cataluña y País Vasco, por su proximidad a la frontera con Francia, acogen buena parte de los colegios promovidos en su día por congregaciones religiosas católicas francesas, como los Maristas, que hubieron de abandonar su país de origen entre finales del siglo XIX y principios del XX al prohibírseles la docencia por parte de las autoridades galas.
El espíritu laicista republicano se radicalizó con Émile Combes como jefe de gobierno, quien aprobó en 1901 y 1904 sendas leyes por la que eran expulsadas del país vecino la práctica totalidad de las congregaciones religiosas, la mayoría de las cuales tenían como misión principal la actividad educativa. Se calcula que entre 1902 y 1903 cerraron sus puertas en torno a 12.500 establecimientos escolares religiosos.
Pero tanto en el País Vasco como en Cataluña, no solo fueron bienvenidas estas congregaciones, sino que pudieron levantar sus centros educativos de nuevo, ya en suelo español, gracias a la ayuda de sus respectivas burguesías, sabedoras de la calidad de la docencia impartida por aquellas.
La mayoría de estos centros, como se apunta en la web de la Escuela Marillac (una de las últimas en convertirse en un centro público), nacieron con la intención de “ofrecer educación de calidad a la clase obrera, cubrir las necesidades educativas de las mujeres de la época y posibilitar una educación integral, donde no solo tuvieran importancia los aspectos prácticos (muchas veces vinculados a la vida laboral), sino también a el crecimiento personal en valores cristianos”.
Más de cien años después, Cataluña parece iniciar un proceso de involución, en el que el progresivo cierre de colegios, acrecentado en los últimos meses, ha hecho saltar todas las alarmas. Lo que la Fundació de Escoles Cristianes, que representan a cerca de 400 escuelas concertadas cristianas en Cataluña, ha definido como la ‘tormenta perfecta’: el espíritu republicano del actual gobierno catalán y la infrafinanciación que ha aparejado, la crisis por la pandemia del coronavirus y las bajas tasas de natalidad.
Estado de la cuestión
Hasta 7 centros educativos concertados se podrían perder solo este año, 2021, la mayoría de los cuales pasarían a convertirse en centros públicos, sin opción para muchos padres de elegir en su barrio un centro no público, por la sencilla razón de que ya no habrá.
A día de hoy, el panorama es este: El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya adquirió recientemente los cuatro centros de la Fundación Escola Vicenciana, que no ha podido seguir adelante. Solo 3 de ellos, el Marillac, la Sagrada Família y el Sagrat Cor mantendrán sus puertas abiertas, mientras que el Sant Joan Baptista, en la Barceloneta, desaparecerá, a pesar de que los cuatro formaban un pack cerrado en el proceso de compraventa.
La polémica ha saltado porque con el cierre del Sant Joan Baptista, cuya continuidad la Generalitat ve innecesaria al existir suficiente plaza pública en el barrio donde se ubica, los padres que desean para sus hijos una formación en un centro religioso se encuentran ahora en la disyuntiva de verse obligados a irse fuera de su entorno si no quieren aceptar los colegios públicos del barrio.
A eso se une el que los padres católicos son ya minoría y el proyecto ha quedado desmantelado, porque, como recuerda a ÉXITO EDUCATIVO un portavoz de la Fundació de Escoles Cristianes, “en el momento en el que el Departamento de Educación asume escuelas cristianas el proyecto religioso desaparece”. Tanto es así, y aunque solo sea anecdótico, que hasta los nombres de los centros cambian, desapareciendo cualquier alusión al hecho religioso. De este modo, la Escola Sagrada Familia se llama ahora Escola Sicilia o la Escola Sagrat Cor (Sagrado Corazón) pasa a denominarse Escola Aldana.
No acaba ahí la cosa. Cerca de Manresa, en la localidad de Navás, que cuenta con unos seis mil habitantes, el Departamento de Educación ha adquirido dos de las cuatro escuelas concertadas. Es un hecho paradigmático y peculiar al mismo tiempo, puesto que Navás era, hasta ahora, la única población en Cataluña en el que todos sus centros educativos eran concertados y ninguno público.
En el horizonte, otra escuela en Girona está en negociaciones con el Departamento de Educación para convertirse en pública, pues no puede proseguir en las actuales circunstancias. “De una tacada pasaremos a perder siete escuelas concertadas en un año y en 2022 no sabemos si habrá más escuelas que se acojan a la ley y se vendan al mejor postor, al Departamento o que cierren sin más”, se lamenta el portavoz de la Fundación de Escoles Cristianes.
Absorción acordada
La normativa a la que hace referencia se formalizó en junio de 2019 por parte del Parlament de Catalunya, que validaba por unanimidad el decreto de la Generalitat por el que se regula desde entonces el proceso de integración en la red pública de todos aquellos centros educativos que presentarán dificultades para proseguir su labor educativa y siempre de mutuo acuerdo entre ambas partes.
“La ley no era mala en sí”, reconoce el portavoz de la Fundació consultado por ÉXITO EDUCATIVO, “porque se llegaba a un acuerdo entre ambas partes para salvar el centro”. Sin embargo, no oculta que con la que está cayendo, la Generalitat “ha aprovechado mucho la oportunidad, porque para ella supone un ahorro considerable, pues el centro ya está construido, y, además, absorbe el proyecto, excluyendo la religión, claro”, y aquí arranca una nueva dimensión del problema, la supresión de los valores cristianos en este tipo de enseñanza.
“En el fondo no quieren la igualdad, quieren un modelo de escuela única, pública y laica”, denuncia Luis Centeno secretario general adjunto de Escuelas Católicas y director del Área Jurídica de Fundación Educación Católica, “y todo lo que se salga de ese modelo es algo residual, a extinguir y, aunque no pueden prohibir los centros privados, quedarían como algo totalmente testimonial”.
En Cataluña ya no necesitan lentes nuevas para verlo con claridad. Desde la Fundació está claro que el problema es de financiación, pues “si el reparto fuera equitativo entre pública y concertada no se produciría esta muerte por inanición o no estarían desapareciendo tantas escuelas concertadas”.
Y cuestiones políticas, añade el portavoz de Escoles Cristianes, que recuerda que el Departamento de Educación está en manos de ERC, partido que con la concertada “siempre ha tenido una especie de obsesión”. “En cierta manera”, se lamenta, “es acabar con una tradición en Cataluña”.
“Ahora hay una obsesión por convertirlo todo en público sin haber asumido que en Cataluña se escolarizan en la concertada más de 250.000 alumnos con lo cual, aunque ERC quisiera acabar con la concertada, esto le va a llevar ni uno ni dos años. En menos de 15 años no podrían acabar con ello. Si el curso que viene decide acabar con la concertada, ¿Dónde metes a un cuarto de millón de alumnos con más de 20.000 docentes?”, espeta. “Ellos quieren cargarse la concertada, pero no pueden asumir el desmantelamiento de la misma”, remata.
De la infrafinanciación, estos lodos
Luis Centeno observa desde el centro de España con “enorme preocupación” todo este proceso de aparente desmantelamiento de la concertada en Cataluña, pero en ningún caso desde la distancia.
“La actual situación”, declara Centeno a ÉXITO EDUCATIVO, “es consecuencia de una infrafinanciación crónica de los centros concertados”. Las entidades titulares, principalmente congregaciones religiosas, no pueden ahora mismo seguir manteniendo sus colegios porque les faltan recursos personales y materiales. Y como ya se ha apuntado, el estoque final ha sido la baja demografía y ahora la pandemia.
Para Centeno, no obstante, la Generalitat no está cumpliendo su “obligación primordial”, que es dotar a los centros concertados de los recursos necesarios “en igualdad de condiciones que la enseñanza pública”. Lo que en realidad hace es comillas rescatar estos colegios, “pero asumiéndolos para que no haya que despedir a los profesores, pero esto supone, a cambio, que se incrementan los centros públicos y disminuyen las plazas concertadas”.
El resultado lo acaban pagando las familias, a su juicio, pues los padres que quieran un centro concertado lo van a tener “mucho más complicado”, entre otras cosas, como ha ocurrido en la Barceloneta, porque no habrá esta oferta en su barrio.
Todo esto produce “lástima, sensación de frustración y rabia” en la escuela de raigambre cristiana en general, “porque si los centros concertados recibiesen los módulos de conciertos adecuados no estaría pasando esto. Los colegios podrían seguir funcionando, en manos de las congregaciones o de otras entidades, como la diócesis, fundaciones, etcétera, pero como centros concertados católicos. Pero si nadie se atreve a acoger un centro concertado sabiendo el déficit que eso supone, pues solo es la administración la que se va a hacer cargo de estos colegios, y la consecuencia última es que la libertad de elección de los padres se ve más mermada”.
Centeno lo ve claro en la reciente reforma educativa, la LOMLOE: “No es un tema solo económico”, asegura, “es un tema de fondo de modelo educativo plural o uno basado en la enseñanza pública, y el que no la quiera que se vaya a un privado de pago y ya está”.
En este sentido, denuncia que “eso lo defiendan el PSOE, ERC y Unidas Podemos, que en teoría deberían garantizar los derechos de los que tienen dinero y de quienes no lo tienen, porque lo que usted me dice es que el que no quiera un centro público que lo pague, entonces los ricos pueden elegir el tipo de centro que quieren para su hijo, pero los que no tienen dinero tendrán que ir a la pública sí o sí”.
“Me parece que si estos partidos defienden a las clases más desfavorecidas, esto va en contra. Esto ni es libertad, ni igualdad, ni coherente con el programa que dicen defender de que todos tienen que tener los mismos derechos, independientemente de sus recursos económicos”, remacha.
