Nace una gran alianza de la concertada y la privada por la Educación en libertad
De la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic a la Mesa por la Educación en Libertad. El cambio de color político en la Generalitat provocará también el relevo de quienes han estado en los últimos años tras la pancarta educativa. Si la izquierda congregó en las calles a la comunidad educativa en contra de los recortes educativos y a favor de la educación pública, la protesta será a partir de ahora de quienes básicamente defienden la necesidad de existencia de una red concertada y privada de centros educativos.
La bautizada como Mesa por la Educación en Libertad se presentó ayer formalmente con una declaración constituyente que defiende, de entrada, la libertad de los padres a elegir el centro para sus hijos. Y, al igual que la Plataforma de la pública integra a sindicatos docentes, padres o estudiantes, la nueva entidad aglutina a titulares de centros, padres y organizaciones sindicales. El objetivo,declarar la guerra a la Conselleria de Educación.
«El recorte en la libertad de elección sólo puede tener una pretensión, que es la cacareada escuela única», censuró José Manuel Boquet, presidente de la patronal Feceval, una de las integrantes de la Mesa junto a la otra patronal de la concertada, Escuelas Católicas, y la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), la Asociación de Escuelas Infantiles de Valencia privadas (ADEIV-ACADE), y los sindicatos FSIEy USO. Es más, agregó Boquet:«¿A qué suena lo del sindicato único o la prensa única? El pluralismo garantiza la democracia».
El argumento de la nueva plataforma, que no descarta plantear movilizaciones e incluso recurrir a la vía judicial para tumbar medidas de la Conselleria como el nuevo decreto de admisión, es el siguiente:«Los padres son los primeros educadores de sus hijos y titulares del derecho a elegir el tipo de educación que desean para ellos y deben poder elegir, en libertad y plena igualdad y sin que suponga discriminación o perjuicio alguno, entre las dos redes complementarias, la pública y la de iniciativa social, concertada o no», según reza el manifiesto fundacional.
De hecho, los representantes de las distintas entidades insistieron ayer en que su propósito no pasa por enfrentarse a la educación pública. Marina Fresneda, de USO, señaló:«Este sindicato representa la convergencia entre la pública, la concertada y la privada, pues defendemos un modelo dual y la libertad de elección de los padres».
En este sentido, el principal blanco de las primeras críticas de la Mesa fue el nuevo decreto de admisión, que finiquita el distrito único y elimina del baremo las puntuaciones que a priori podían beneficiar a los colegios concertados (el punto que otorgaba libremente el centro y el de ex alumno). Y a esto se suma el «ataque» deliberado a la red concertada por parte del conseller de Educación, Vicent Marzà, del que aún se recuerdan sus palabras recién aterrizado en Campanar sobre que se iba a «acabar la barra libre» para la red concertada.
Para la Mesa por la Educación en Libertad, «la concertada no debe ser subsidiaria ni residual». En este sentido, la presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, afirmó que «pensar que el decreto de admisión es para facilitar a los padres que quieran ir a un colegio público es dejar de lado a las familias que quieren uno concertado».
Unos y otros negaron que hayan sido los colegios los que hasta ahora han elegido a los alumnos, como llegó también a afirmar el conseller. «No se puede decir esto porque implicaría una desconfianza hacia las comisiones de escolarización de distrito, que están presididas por inspectores», recordó Vicente Morro, de FCAPA. «En educación deben templarse las expresiones», insistió.
Si el fin del distrito único merma la libertad de elección al primar el barrio de residencia, la financiación de los centros también se considera un perjuicio para este «derecho constitucional». En palabras de Boquet, «afecta a la libertad de elección el hecho de que un centro no pueda mantenerse con el módulo de financiación que recibe de la Administración».
«No habría que mendigar a los padres las aportaciones voluntarias si tuviésemos un módulo suficiente», sentenció. Y es que en el citado decreto de admisión se incluye por primera vez la prohibición expresa a los centros de obligar a los padres a pagar las cuotas de asociaciones o fundaciones religiosas, por ejemplo.
Lo que en definitiva pide la Mesa es el «derecho a la libre elección del modelo educativo y pedagógico y del centro escolar que deseen para sus hijos» y «respeto del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones». Estos derechos, destaca la declaración, «se reconocen en multitud de normas de rango nacional e internacional y en la jurisprudencia de diversos altos tribunales».
La Mesa, por tanto, se presenta como «órgano de vigilancia, control y denuncia ante cualquier agresión a esos derechos y libertades», al tiempo que invitó a otras entidades a sumarse a la plataforma.
