¿Puede ser gratuita la concertada?

¿Puede ser la enseñanza concertada gratuita para los padres? Seguramente no, como tampoco lo es la pública. Las familias todavía tienen que hacer frente en una y otra red al coste de libros, de material escolar, de servicios complementarios como el comedor… La cuestión clave, por tanto, es si los colegios privados pero sostenidos con fondos públicos -esto es, los concertados- pueden sobrevivir sin la llamada cuota voluntaria que se exige a los padres. Un pago que está en el punto de mira de la Conselleria de Educación.

El departamento que dirige Vicent Marzà ha llevado por primera vez al decreto de admisión escolar la prohibición expresa a los centros de «imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones». Estas son las cuotas voluntarias que, sin embargo, en la práctica casi nunca lo son. Pero,¿pueden controlarse?

«Cualquier donación es voluntaria y nadie puede impedirla», explicaron fuentes técnicas de la Administración a este diario. Es decir, difícilmente pueden vigilarse estos pagos, y más de forma generalizada en todos los centros concertados de la Comunidad Valenciana. En todo caso, desde la Conselleria no se ha especificado aún si se desarrollará una normativa concreta que avance en este sentido, pues lo cierto es que ya por ley la enseñanza concertada debe ser gratuita.

Desde las patronales de centros siempre se ha argumentado que la subvención que reciben de la Administración es insuficiente para cubrir gastos. La Generalitat en este caso no sólo abona los sueldos de los profesores, sino que paga un módulo a cada centro para sus gastos de funcionamiento. Es la partida de otros gastos que, sin embargo, lleva años congelada y no ha recogido, por ejemplo, las subidas del IPC que afectan a las facturas de agua, luz o gas.

En paralelo, los centros concertados deben hacer frente a los costes de mantenimiento que, en el caso de los públicos, asumen los ayuntamientos. Estos costes son los que también, al final, se repercuten en la factura que pagan los padres. Porque lo que no paga la Administración… lo abonan las familias.

El presidente de la patronal de centros Feceval, José Manuel Boquet, declaró en una entrevista a este diario que por este motivo «la gratuidad es muy difícil», además de que «la ley reconoce la posibilidad de que los centros recurran a la aportación voluntaria por parte de las familias». ¿Y cuándo en la práctica es obligatoria? «En el momento en que un padre manifieste expresamente que no quiere pagar la cuota y el centro tome alguna medida contra él, podremos hablar de que no es voluntaria». Mientras tanto, lo es, zanjó Boquet.

Sobre esto coinciden las fuentes consultadas. Sin denuncia formal de por medio, difícilmente puede a día de hoy sancionarse a un centro porque obligue a los padres a un determinado pago. Aun así, raro es el caso de un centro que no estipule una cantidad fija mensual que deba abonarse para a una fundación del centro. No es la única vía de ingresos para un colegio, más allá de la organización de actividades extraescolares y resto de servicios complementarios. También parte de las cuotas de las asociaciones de padres suelen reinvertirse en mejoras del centro y, por ello, suelen ser también obligatorias para los progenitores.

Según Boquet, «es lógico que un centro que no puede cubrir sus gastos elija como posibilidad de financiación alternativa recurrir a las aportaciones voluntarias, y lo plantea desde el principio a sus alumnos».

Blindaje

De ahí que las patronales e incluso los padres católicos agrupados en FCAPA hayan saltado esta semana para denunciar lo que en su opinión se esconde tras la intención de la Conselleria -de momento no pasa de ahí- de prohibir estos pagos. La Administración autonómica busca la «asfixia económica» de todo un sector,han lamentado. Los conciertos estarán más o menos blindados… pero no las subvenciones.

En todo caso, si los colegios no ven aumentada la partida económica de la Administración y al mismo tiempo no pueden pasar la factura a los padres, la única alternativa que tienen será incrementar precios de actividades extraescolares, comedor…

Las consecuencias a largo plazo son imprevisibles, y habrá que ver si el nuevo Consell de izquierdas frena e incluso revierte el trasvase de alumnos de la pública a la concertada que alentó el PP. En este sentido se explican también el fin del distrito único e incluso la idea de las aulas de 2 años en colegios públicos que, al fin y al cabo, ofrecen plazas gratuitas en un sector donde la oferta es prácticamente privada.